Origen: Cataluña: Construir el enemigo, degradar el derecho – Andres García Berrio | Sin Permiso

 

Vísperas del segundo aniversario del 1-O y de la sentencia a los presos políticos catalanes: ofensiva por lograr a cualquier precio mostrar al mundo que el independentismo catalán es violento.

En apenas una hora se puede generar una noticia que etiquete y genere un enemigo interno en un contexto de conflicto político, donde los estereotipos y los estigmas se multiplican.

Operativo policial a las seis de la mañana con 500 agentes uniformados de diferentes unidades de la Guardia Civil. Entran en varias casas por sorpresa y violentamente, aunque dentro había niños, a pesar de que pudieron llamar al timbre (como en tantas otras entradas y registros), o habrían podido entrar también por sorpresa y quizás de manera más rápida (sobre todo después de ver lo que se ha difundido en un vídeo). Da igual: los derechos de las personas detenidas no importan. Porque son terroristas, y se quiere mostrar al mundo que en Cataluña hay terroristas independentistas.

La categorización de las personas detenidas se produce en el momento de las entradas de la Guardia Civil en las casas y los locales. Entran así porque son terroristas y están a punto de actuar. Se inicia el capítulo de una historia mediática en la que los malos son los malos desde el principio. Los medios replican sin crítica este inicio de capítulo, sobre todo fuera de Cataluña. Máxima efectividad de la operación: hacia las ocho de la mañana, miles de personas hablan de los terroristas independentistas detenidos. Efectivamente, hay un clima de violencia tan fuerte porque hay gente de los CDR que están a punto de hacer estallar explosivos.

Horas más tarde, se emite una nota de prensa en la que se dice que se han evitado eventuales acciones futuras y que tenían sustancias precursoras para la fabricación de explosivos. Si estaban a punto de atentar… ¿dónde están los explosivos? Casualmente, en el mismo momento que se difunde esta nota -que ya había generado dudas entre algunos periodistas- se difunde también el rumor, que no se sabe bien de donde sale (o sí), que los detenidos tenían goma 2. Sí, el explosivo que utilizaba ETA en muchos de sus atentados. Efectivamente, son terroristas. Y así ya han pasado horas en que un mensaje claro se ha instalado: hay terroristas independentistas en Cataluña a punto de actuar, y el Estado nos está salvando.

En apenas una hora se puede generar una noticia que etiquete y genere un enemigo interno en un contexto de conflicto político, donde los estereotipos y los estigmas se multiplican debido a la emocionalidad que encarna cualquier conflicto, y más si es territorial. En caso de que las cosas no sean como se han explicado, tendrán que pasar años para desmontar la creencia de que hay terroristas a punto de actuar en Cataluña y que existe un alto grado de violencia. Esto es claramente útil desde un punto de vista de represión política. Una operación perfecta en el momento adecuado, cuando faltan varias semanas para que se dicte una sentencia que puede generar la afectación mayor a los derechos civiles y políticos de la democracia. Pero son violentos, y el 20 de septiembre y el 1 de octubre, y el 3 también, hubo violencia. Y había CDR, que son muy violentos y son terroristas a punto de actuar. Efectivamente, pues, grandes capas de la población entenderán que es justa una sentencia dura que entienda que hubo violencia grave (un requisito imprescindible para aplicar el delito de sedición o de rebelión) en todas estas fechas.

Como son terroristas, no se aplica cualquier ley. Se aplica la ley especial, la que se aplica a los terroristas. Y ¿qué supone? Que la detención puede ampliar a cinco días en vez de tres. Así que, si sólo están detenidos tres días, tenemos que dar las gracias. También supone que sean trasladados a Madrid para ser puestos a disposición de un juzgado de excepción, acostumbrado a meter en prisión preventiva a las personas a las que procesa sin que haya pruebas, porque la etiqueta funciona a la perfección. Son terroristas, son peligrosos. Y en este caso, además, son rebeldes independentistas. Incluso ¿antes de llegar al juzgado?

Como son terroristas, no se avisa abogados de oficio para que estén presentes en los registros, se dificulta que los abogados designados por la familia puedan asistir los detenidos, están 36 horas sin poder entrevistarse con sus defendidos después de haber permanecido ellos, y sus familias, durante muchas horas sin saber dónde estaban. También es normal, como dicen que son terroristas, que haya interrogatorios que duren siete horas. Desde las once de la noche hasta las seis de la mañana, como han comunicado desde la organización antirrepresiva Alerta Solidaria. Y dicen que han confesado, justo las dos personas que no han podido tener abogado particular.

Hoy han pasado a disposición judicial y les han decretado prisión. Como son malos, malísimos, es muy probable que el régimen penitenciario los aplique de manera directa el aislamiento: 21 o 22 horas el día en una celda. Casi dos años pasó una abogada vasca en este régimen de vida carcelaria en la espera de juicio. Pero, claro, era también, supuestamente, una terrorista.

Todo vale; si se consigue etiquetar mediática y jurídicamente a una persona como terrorista, todo vale. Las pruebas son secundarias: lo que importa es la etiqueta. En la Audiencia Nacional no hay presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, lo que ocurre en la mayor parte de las ocasiones. Existe la presunción de culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario. Y ¿esto es contrario a la legalidad? Por supuesto; pero, en el caso de terroristas, sediciosos, rebeldes y enemigos del sistema, la legalidad es diferente, es especial. Excepcional, dicen. Derecho penal del enemigo: aplicación de mecanismos y juzgados excepcionales, de legislación excepcional, de prácticas excepcionales, de tipo penales excepcionales sobrecriminalizados. Ha pasado durante mucho tiempo con detenidos del País Vasco, con quien la prohibición de la tortura quedaba suspendida durante la detención incomunicada, aunque hoy intentan negarlo.

Hoy son estas siete personas que han pasado a disposición de la Audiencia Nacional, pero han sido ya muchas las operaciones de montaje de enemigos internos en el marco de procesos de criminalización de la disidencia. Después, ya se verá qué pruebas hay en el juzgado y como acaban valorando. Ahora mismo no lo saben ni sus abogados porque, efectivamente, hay secreto de sumario y este se puede prorrogar durante meses.

En esta ocasión, el intento de etiquetar como enemigo interno las personas detenidas y los CDR no ha funcionado para una parte importante de la población catalana y de los medios. La represión que se está viviendo en Cataluña ha abierto los ojos de muchas personas. No han conseguido aislarlos -el objetivo clave de la represión política- ni que todos pensemos que cualquier dureza que se les aplique es legítima. Han sido detenidas y se debe respetar la presunción de inocencia; las detenciones han sido con mucha violencia, y algo huele mal.

Entre 2014 y 2015, un total de 39 activistas relacionados con el anarquismo sufrieron un proceso idéntico. Desde la forma en que fueron detenidos hasta el proceso mediático, pasando por la puesta a disposición del mismo tribunal y la prisión preventiva en aislamiento para muchos de ellos. Era el terrorismo anarquista. Un terrorismo que no existió, pero que sirvió de etiqueta para dar un golpe represivo sin precedentes que ha tenido duras consecuencias. Años después, la falta de pruebas era tan evidente que el caso se archivó y ni siquiera llegó a juicio. Casi nadie se enteró de que los violentos anarquistas eran activistas anarquistas. No hace tantos años de eso. La operación fue dirigida por los Mossos, y contó con el apoyo de responsables políticos que esta vez sí, por suerte, han cuestionado la operación que estamos viviendo.

Una sociedad es avanzada en democracia cuando sabe aplicar las garantías del derecho penal y sus principios básicos a la hora de procesar y juzgar a todos los ciudadanos. No basta con ver los errores y las perversiones del sistema cuando se aplica a aquellos con los que me identifico. Lo que honra a una sociedad y a sus responsables políticos y judiciales es que sepan anteponer los derechos humanos por encima de todo y con independencia de quien sea la persona procesada. Nos falta camino por recorrer, y las organizaciones de derechos humanos hace tiempo que decimos que una de las pocas cosas positivas que podemos sacar de un momento de represión, excepcionalmente triste, es que podemos ponernos a trabajar para avanzar como sociedad en la defensa y el respeto de los derechos humanos y en la construcción de mecanismos y prácticas garantistas en el marco del sistema penal. Estuvimos allí, estamos y estaremos dispuestos a trabajar.

En cuanto al caso, prudencia. Probablemente no se sabrá nada claramente hasta dentro de unos cuantos meses, cuando los abogados puedan acceder al expediente. Habrá una investigación y un juicio (o no, si pasa como con los activistas anarquistas). Normalmente, la clave de estos procesos es la interpretación jurídica que se hace de determinadas pruebas. Unas veces, hay interpretaciones garantistas (pocas en la Audiencia Nacional), y otros, hay interpretaciones excepcionales: bombonas de camping gas que sirven para hacer explosivos o en realidad quien las tenía ¿es porque va mucho de camping?; material pirotécnico que sirve para atentar o ¿restos de unas fiestas mayores?; anotaciones políticas personales que forman parte de la libertad de expresión o ¿anotaciones que denotan la ideología de un radical terrorista a punto de actuar? Esperamos que los siguientes capítulos jurídicos y mediáticos de esta historia de represión sean menos simplistas y previsibles. Aunque la historia funcione al principio, se acaba desmontando.

Andres García Berrio  Abogado penalista y director estratégico de Irídia-Centre per la defensa dels Drets Humans (Centro por la defensa de los Derechos Humanos).

Fuente:

Construir l’enemic, degradar el dret

Traducción:Roger Tallaferro

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